enero 25, 2021
El pasado noviembre de 2020, SEO Birdlfe con la colaboración del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico redactó un informe sobre los indicadores de la gobernanza ambiental, en el cual España se sitúa muy por debajo en el ranking de países.
Desde que se creó el último gobierno en 2020, las iniciativas parlamentarias (procedimientos legislativos, preguntas, intervenciones de control, etc.) y políticas ambientales no llegan al 1%, una cifra muy reducida, ya que significa que sólo 573 intervenciones de las 71.288 totales fueron sobre medio ambiente.
La problemática de este bajo porcentaje pone en manifiesto la necesidad de una implicación mayor en la mejora de la gobernanza ambiental, tanto por parte de las administraciones públicas como por la sociedad en su conjunto.
¿Qué es la gobernanza ambiental?
Para poder hacer referencia a este termino primero debemos entenderlo. La gobernanza ambiental se define como “el conjunto de reglas, prácticas y entidades institucionales que enmarcan la gestión del ambiente en sus distintas modalidades (conservación, protección, explotación de recursos naturales, etc.”, según Fontaine, G van Viet, R.Pasquis en “Políticas ambientales y gobernabilidad en América latina”.
Este concepto engloba todas las acciones que un gobierno debe tener en cuenta a la hora de luchar contra el cambio climático, preservar el medio ambiente o protegerlo. Además, las Naciones Unidas reconocen este aspecto como clave en el reconocimiento de una buena calidad democrática.
Pero la gobernanza ambiental no solo implica aquellas prácticas relacionadas con las administraciones públicas nacionales, también hace referencia a la legislación que proviene de Europa y que luego hay que implantar en España, las sanciones derivadas de su no cumplimiento, o la acción ciudadana, ya que las demandas de la sociedad son clave para una mejora de la gobernanza ambiental española.
La gobernanza y Europa
Desde el año 1986, España empezó a formar parte de la UE, lo que en materia medioambiental implica el seguimiento y la incorporación de ciertas leyes y directrices para hacer frente a la lucha contra el cambio climático. La aplicación de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) ha sido uno de los pasos más importantes para avanzar hacia una economía circular y sostenible, así como las leyes referentes a la reducción de emisiones y la apuesta por las energías renovables.
El año 2018, se elaboró el texto del proyecto de Ley del Cambio Climático, siguiendo las recomendaciones del Acuerdo de París adoptado tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en la capital francesa en 2015 (resultados de la COP21). El objetivo más destacado fue reducir las emisiones nocivas un 80% para 2050, lo que implica la acción de todos los sectores económicos para lograrlo.
España y los ODS
En el mes de septiembre del año 2015, los líderes mundiales adoptaron una serie de objetivos globales como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), uno de los indicadores hace referencia a la mejora de la gobernanza ambiental. Se propusieron 169 metas concretas recogidas en 17 objetivos para garantizar el desarrollo respetuoso con el planeta y el conjunto de especies que habitan en él.
A día de hoy, 5 años después, ningún país tiene expectativas reales de alcanzar ninguno de los objetivos y España se encuentra a la cola del ranking en este sentido.
España obtuvo en el último informe de los ODS resultados ligeramente negativos, ya que bajó un puesto (del 25 al 26). Por otra parte, los mejores resultados del país los encontramos en los objetivos más relacionados con la protección de los ecosistemas (ODS 6) y el acceso a energía asequible y no contaminante (ODS 7). Aunque en el más importante en relación con la acción climática seguimos suspendiendo (ODS 13).
España: el país con más infracciones ambientales
Siguiendo con el análisis de la gobernanza, según datos de la Comisión Europea, España y Grecia siguen siendo los países con más infracciones ambientales. Llevamos cinco años seguidos como el país con más expedientes abiertos por incumplir la normativa verde impuesta por la Unión Europea.
Estos expedientes sancionadores abarcan una amplia gama de temáticas, desde el control de vertidos contaminantes, la extracción fraudulenta o la protección del medio natural. Aunque cabe destacar que nuestro mayor problema hace referencia a la gestión de agua.
Desde el año 2002, cuando se empezaron a recopilar datos, España ha acumulado un total de 1.329 infracciones. Algunas de ellas permanecen abiertas a día de hoy, otras han llegado a una resolución sin recargo económico.
Uno de los últimos casos recurridos por el Tribunal de Justicia europeo fue el de el Parque Natural de Doñana, un espacio natural protegido situado en Andalucía, con una extensión de 53.700 hectáreas.
La Unión Europea llevó a los tribunales en 2019 el caso de este Parque Nacional, atendiendo a que hay una “grave desprotección de las masas de agua subterráneas”. Este expediente, en tramitación desde 2016, informa que se están sobreexplotando los acuíferos de la zona provocando grandes sequías que afectan al entorno natural y a las especies que habitan en él.
La acción ciudadana es más necesaria que nunca
Como hemos dicho anteriormente, la gobernanza ambiental no solo hacer referencia a las administraciones públicas, la acción ciudadana es esencial para una mejora del medio ambiente y para dar un paso más en la aplicación de políticas tanto a nivel regional como nacional.
Según el informe de SEO Bird Life sobre indicadores de gobernanza, la acción ciudadana en España por la lucha contra el medio ambiente también deja que desear. Un indicador de ellos son los CAMA (Consejos de Asesores de Medios Ambiente) de cada comunidad autónoma. Este órgano colegiado forma parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, su objetivo principal es la participación ciudadana en la elaboración y seguimiento de políticas ambientales orientadas al desarrollo sostenible.
El informe apunta que en muchos casos este órgano está inactivo en varias comunidades, como en Madrid y Castilla la Mancha. La última memoria escrita que podemos encontrar corresponde al año 2014. Solamente Cataluña cuenta con un CAMA que funciona de manera satisfactoria debido a sus frecuentes reuniones, tareas, recursos y trabajos a los que se puede acceder.
Desde Sigfito, somos conscientes de la necesidad de potenciar las políticas públicas sobre medio ambiente y que las empresas apliquen esta normativa a su funcionamiento. En nuestro sector, la agricultura, es esencial poner en marcha procedimientos, normativas y soluciones para luchar contra el cambio climático.