febrero 24, 2020
Las cifras son impactantes: el 30% del territorio nacional concentra al 90% de la población. Así, según las últimas cifras oficiales, que son del 2018, en los entornos rurales españoles viven 7.594.111 personas, sumando poco más del 16% de la población total. La densidad de población es de 17,9 habitantes/km², aunque buena parte del territorio nacional está por debajo de los 12 habitantes por km². Es decir, hablamos de lo que califica la UE como baja densidad, que debería ser más propia de las zonas periféricas de los países nórdicos que de un país como España.
Un abordaje político muy esperado
La nueva estructura del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobada en enero de 2020 en Consejo de Ministros ha supuesto la creación de una nueva Secretaría General para el Reto Demográfico. Dependiente de la Dirección General de Políticas contra la Despoblación, está presidida por Elena Cebrián. Esta Secretaría asume las competencias para elaborar y desarrollar políticas que frenen la despoblación y afronten de manera eficaz el reto demográfico.
A ella hay que sumar la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. Con esta estructura del MITECO se pretende reforzar las competencias en dos retos que el Gobierno señala como importantes en este mandato: la defensa de la biodiversidad y la lucha contra la despoblación.
No hay que perder de vista que el desafío al que nos enfrentamos no es cosa de estos últimos años, si bien la crisis del 2008 aceleró un proceso por el cual la población española tiende a concentrarse en densos núcleos urbanos. Pero no solo disminuye la población en el territorio rural: las capitales de provincia y de comarca también acusan esta tendencia. Por tanto, el enfoque de las políticas frente al reto demográfico debe ser integral, colectivo y sostenible.
¿Qué objetivos hay que alcanzar para mitigar la despoblación rural?
El diseño de una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico ha sido clave para empezar a tomar medidas y hacerlo de forma transversal a todos los ministerios. Ahora el Gobierno tiene como meta aplicar esta iniciativa, acordada en 2017. Así, los objetivos se resumen en los siguientes:
-Promover la banda ancha rural, cumpliendo de esta forma con con la Agenda Digital Europea 2020.
-Garantizar los servicios básicos de forma igualitaria y adaptada a los territorios.
-Tener en cuenta el impacto demográfico en la elaboración de políticas públicas y de legislación, para favorecer la redistribución territorial.
-Simplificar la normativa y facilitar la gestión de los ayuntamientos en los pequeños municipios.
–Luchar contra los estereotipos y poner en valor los territorios más afectados.
-Alinear las futuras políticas con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
-Mejorar la colaboración público-privada para crear oportunidades en todos los territorios.
¿Cuáles son las principales líneas de acción del MITECO?
Para lograr la la igualdad de oportunidades y de derechos de toda la ciudadanía, es imprescindible el trabajo conjunto de las administraciones públicas, la colaboración público-privada y la gestión sostenible de los recursos. Todo esto se resume en la aplicación de tres líneas:
-Afrontar la despoblación: facilitar el buen funcionamiento de los territorios afectados, mejorar la competitividad y apoyar la fijación de población en entornos rurales.
-Afrontar los desequilibrios de la pirámide de población: prestar atención a personas mayores y dependientes, apostar por la formación de jóvenes para asegurar el relevo generacional, promover proyectos que faciliten la residencia de mujeres en el territorio, garantizar condiciones favorables para tener hijos, ordenar una migración regular que arraigue y facilitar el retorno de españoles emigrados al exterior.
-Gestionar los efectos de la población flotante: garantizar los servicios básicos teniendo en cuenta las variaciones de los flujos poblacionales.
El desarrollo rural debe ser el gran protagonista de la lucha contra la despoblación
Para frenar la crisis demográfica es necesario promover el desarrollo rural, que es una parte fundamental del la Política Agraria Común (PAC). Es una tarea que no debe postergarse más, puesto que la despoblación es el peor enemigo del medio ambiente y la sostenibilidad.